Congreso LASA 2000.
Panel: Organizaciones de Inteligencia en la Post-Transición, ¿todavía
actores políticos?
Sistema Nacional de Inteligencia argentino,
Cambiar ya!
Por
José Manuel Ugarte[1].
I. Realidad actual y tendencias de la actividad de
inteligencia en la Argentina.
1. Una actividad cuestionada, con serias deficiencias estructurales y de
pobre imagen en la sociedad.
La actividad de inteligencia constituye la gran asignatura pendiente de la
transición democrática argentina.
Proviniendo de un pasado
ciertamente dificil, las relaciones cívico-militares en la Argentina han
experimentado muy significativos progresos en el marco de la transición
democrática de ese país.
Aunque la realidad dista aún de
asemejarse a la vigente en países de sólida tradición democrática y relaciones
cívico-militares sanas[2], lo cierto es que hoy en la Argentina existe un grado razonablemente
aceptable, especialmente dentro de la región y en una perspectiva histórica, de
control constitucional sobre las fuerzas armadas, de subordinación de éstas a
las autoridades constitucionales, y de comunicación y reciproco entendimiento
entre civiles y militares.
Así, puede advertirse que funciona un Ministerio de Defensa conducido por
una autoridad civil que, aunque con medios personales y materiales
excesivamente limitados, cumple las funciones que le asigna la Ley de Defensa
Nacional (N° 23.554) vigente; existe un Congreso Nacional que, aunque también
con medios muy limitados, ejerce su función de control; y todo parece indicar
que, aunque lenta y trabajosamente, los avances hacia el fortalecimiento de la
conducción constitucional y el mejoramiento de las relaciones cívico-militares
y, muy especialmente, habrán de continuar.
Aunque con altibajos, puede advertirse un grado significativo de consenso
entre las principales fuerzas políticas en materia de política de defensa y de
política militar, y cierta capacidad de análisis sobre materias de defensa y
militares. Estos aspectos son materia hoy de examen y de debate en
Universidades y centros de estudio, con amplia participación civil. Pese a que
la realidad tampoco es perfecta en este aspecto, puede afirmarse hoy que la
época en que la defensa nacional era un coto reservado exclusivamente a
militares y a civiles cercanos a los militares, ha concluido definitivamente.
También en el ámbito de la seguridad pública se han
producido avances muy significativos. A la sanción de la Ley N° 24.059 de
Seguridad Interior, que materializó la distinción establecida en el artículo 4°
de la Ley N° 23.554 de defensa nacional entre los ámbitos de ésta y de la
seguridad interior, estableció bajo la autoridad política del Ministro del
Interior la coordinación del accionar de las instituciones policiales y fuerzas
de seguridad del Estado Nacional y de las provinciales en los aspectos
interjurisdiccionales y estableció bases doctrinarias fundamentales para el
accionar en materia de seguridad pública, siguió en los últimos años un
progresivo involucramiento de civiles en cuestiones de seguridad pública, el
surgimiento de cursos y ciclos de estudio de la materia Universidades e
institutos de diverso tipo, y la progresiva asunción de responsabilidades en
este aspecto por parte de las autoridades políticas.
Sorprendentemente, el área de
inteligencia, en cambio, parecía
haberse visto librada hasta hace muy poco tiempo, de estas tendencias de
afirmación del control constitucional y de la legitimidad en las actividades de
defensa y seguridad.
Esta circunstancia no obedecía,
ciertamente, a una adecuada situación en la materia.
Habré de remitirme en esta
materia a lo sostenido recientemente en un editorial, por un órgano
periodístico de Buenos Aires caracterizado por su moderación y su visión
tradicionalista, que ha desarrollado cierto prestigio en el análisis de la
temática de defensa y seguridad. Afirmó “La Nación” lo siguiente:[3]
“...Los millones que la SIDE
gasta sin rendir cuentas podrían tener
mejor destino si se reformulase el
organismo y se determinase, mediante estudios técnicos
adecuados,
qué estructura de inteligencia necesita el
Estado argentino y cómo se puede llegar a crearla en los próximos años.
Desde hace ya muchas décadas se ha ido instalando en la opinión pública la certeza de que la SIDE,
en su estructura y en su composición
actual, está lejos de llenar con eficiencia el rol que
la sociedad le ha encomendado.
Por de pronto, su capacidad
para desarrollar funciones de
inteligencia estratégica es, en líneas generales, escasa. Lo demuestran algunos ejemplos recientes. Por caso, la falta de toda tarea o trabajo de
prevención en relación con los atentados terroristas que destruyeron la embajada de Israel y la sede de la AMIA.
Y la casi nula colaboración que el organismo prestó a
la investigación y al esclarecimiento
de esos crímenes atroces.
La
principal limitación con que tropieza la SIDE tiene que ver con la
deficiente capacitación profesional de
su personal estable. Los agentes del organismo -con
excepciones honrosas, que sería injusto
desconocer- carecen de una formación
técnica adecuada a la naturaleza de los
trabajos de inteligencia que requiere un Estado moderno.
La función de la SIDE se ha visto desnaturalizada,
en gran medida, por un criterio de
reclutamiento de personal que ha sido
complaciente con el "amiguismo" y ha descuidado el requisito de la
idoneidad profesional al elegir a los
miembros de su staff. Esto ha dado
lugar a distorsiones de distinto tipo. Entre otras la creación de lo que en la jerga interna de
algunos sectores de la administración
se suele denominar la "cadena de la
felicidad", una red humana a la que han
pertenecido, en diferentes épocas, cientos de periodistas, comunicadores, políticos o parientes de los
gobernantes de turno, todos ellos remunerados por trabajos que, en rigor, poco tienen que ver con la inteligencia profesional y que a veces
ni siquiera se realizan. Esa "cadena de la felicidad" insume gastos
millonarios, por los cuales no se rinde cuenta.
Recientemente, el titular de
la SIDE prorrogó un importantísimo
número de contratos temporarios que estaban a punto de vencer, dejándole a su
eventual
sucesor una gravosa carga.
La estructura que la SIDE
tiene montada en el exterior, salvadas
también algunas excepciones, no resiste un
análisis mínimamente severo. Los agentes que tiene destacados en
importantes capitales del mundo suelen
enviar informes que, en el mejor de los casos, podrían haber sido redactados desde el propio país
con un
mínimo de información y sentido común.
Hoy, cuando el futuro en
la relación con los polos de poder mundial resulta cada vez más
incierto y las amenazas se vuelven más
difusas, contar con un eficaz
instrumento de inteligencia es de suma importancia para cualquier gobierno, a condición
-naturalmente- de que su estructura profesional sea adecuada.
Es de esperar que cuando
se designe al titular definitivo de la
SIDE se tenga en cuenta, fundamentalmente, el requisito de la idoneidad profesional.
No hay actualmente una ley
que regule las actividades de inteligencia, aun cuando existen dos
proyectos presentados en Diputados que
en algún momento deberán ser debatidos. Debe recordarse que la
actuación de las Fuerzas Armadas en
temas de inteligencia interna o
doméstica está expresamente prohibida por la ley de defensa
nacional.
Además de definir
adecuadamente los objetivos profesionales de la SIDE, la ley que dicte el
Congreso debería establecer un régimen de rendición de cuentas de los fondos
que se le destinan. La existencia de fondos reservados genera, inevitablemente,
tensiones y sospechas que minan, tarde
o temprano, el prestigio del
Organismo.
Acaso debería adoptarse el sistema, común en otros países, que impone la
obligación de rendir cuentas de los gastos al término de un determinado número de
años...”
Me
he permitido esta extensa transcripción para dar cuenta de un verdadero estado
de conciencia existente en la sociedad argentina: las serias deficiencias imperantes
en materia de inteligencia y la necesidad de un cambio.
Habremos a continuación de
comparar lo aquí expuesto, con lo señalado nueve años antes, por un grupo de
diputados nacionales del entonces partido de oposición Unión Cívica Radical,
encabezados por Victorio Osvaldo Bisciotti, al presentar el Proyecto de
Régimen Orgánico de Información e Inteligencia del Estado Nacional, primer
proyecto legislativo de reformulación del Sistema de Inteligencia que se
presentó en el Congreso Argentino y que constituyó la base de los que
subsiguientemente se presentaron, y en cuya redacción hubimos de intervenir:
Sostuvieron los
legisladores que en la Argentina, existía “...un sistema de información e
inteligencia de gran complejidad, caracterizado fundamentalmente por:
a) Dedicación de la gran
mayoría de sus elementos a la seguridad interior, e incluso a la política
interna del país, desde un punto de
vista prioritariamente ideológico;
b) Multiplicidad de organismos dotados de medios propios de obtención de
información, generándose superposiciones, fricciones, y, en definitiva,
derroche de medios humanos y materiales;
c) Total falta de control político, parlamentario o judicial de las
actividades de los organismos en cuestión, lo que como es lógico se traduce en
desviaciones de diversa índole que no contribuyen, ciertamente, al prestigio de
las actividades de que se trata ante la opinión pública;
d) Escasa o muy limitada eficacia del sistema para servir a las
necesidades de la defensa nacional.
“...los
organismos de inteligencia militares de nuestro país ‑cada uno de los
cuales cuenta con medios propios de obtención y reunión de información‑
incursionan asimismo en la seguridad interior, al incluirse dentro de su misión la contrainteligencia, y
dentro de ella, la contrasubversión, circunstancia que brinda un amplio margen
para su actuación en materia de lucha contra el terrorismo y el extremismo de
izquierda. La aludida lucha es entendida por ellos, en general, como una lucha
de características ideológicas, entendiéndose necesaria para su desarrollo la existencia de una red
de inteligencia desplegada en todos los campos de la actividad humana,
posibilitándose así la detección temprana del accionar subversivo.
Fácil resulta deducir que el ejercicio de tales actividades se ha
traducido en una hipertrofia de los organismos de inteligencia militares, y en
la dedicación de los mismos a la
seguridad interior, circunstancias que son advertibles fundamentalmente en el
Sistema de Inteligencia de la Fuerza Ejército. ..”
Por otra parte, de las recomendaciones
producidas en Febrero de 1997[4]
por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Örganos y Actividades de
Seguridad Interior e Inteligencia del Congreso de la Nación, surge asimismo la
existencia de evidente superposición de funciones en el sistema de
inteligencia, con el resultado de una cuantiosa producción de material
informativo de muy relativa utilidad. También fue señalada la existencia de
dispersión de esfuerzos en materia de inteligencia. Cabe señalar que dicha
Comisión estaba controlada por el Partido Justicialista entonces en el
gobierno, dada la cómoda superioridad que ostentaba sobre la oposición, en
cuanto a representación en la Comisión.
Habremos de recurrir a continuación al documento denominado
“Propuesta de Actividad de Control a Organismos de Inteligencia”, elaborado por
el “Gabinete de la Oposición”, órgano de asesoramiento al Comité Nacional de la
Unión Cívica Radical, organizado durante el ejercicio de la presidencia de ese
organismo por el doctor Rodolfo Terragno. Expresó el mencionado órgano, sobre
la temática que nos ocupa, lo siguiente:
“...los gastos reservados. Estos
gastos han tenido un aumento espectacular desde el advenimiento del actual
gobierno, tanto en los que están en cabeza del Presidente, como de la SIDE, y
de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores y Defensa. A este aumento
exponencial de las partidas se suma la irregularidad de que desde 1990 cada año
los créditos originales autorizados por la ley de presupuesto para la SIDE
fueron significativamente incrementados posteriormente por el Poder Ejecutivo
con una diferencia porcentual entre lo presupuestado y ejecutado que supera habitualmente el 35% y
llegó en 1992 al 79%.
El objeto de la actividad que se efectúe en la Comisión Parlamentaria (de
Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior e
Inteligencia) debe estar en concordancia con la denuncia ante la opinión
pública del aumento desmedido de este tipo de gastos que superan por su monto
los requeridos por cualquier actividad legítima de seguridad interior o
exterior en un Estado democrático de las características del nuestro. Debe
destacarse que el fin de estos gastos es el de realizar actividades políticas
pro gubernamentales prohibidas, generalmente en desmedro de la oposición
política o de sectores sociales que ataquen las políticas oficiales. Estos
fondos son asimismo la principal fuente de actividades encubiertas contra la
oposición, entre ellas campañas de prensa y actividades contra determinados
dirigentes o grupos...”
Otra
oportunidad en que la entonces oposición política tuvo oportunidad de
expresarse, con relación al funcionamiento del Sistema de Inteligencia, fue en
el marco de la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación
de los Atentados a la Embajada de Israel y al edificio de la AMIA.[5]
En
dicha oportunidad, las Consideraciones Finales y Conclusiones de los
Legisladores de la Oposición (Unión Cívica Radical y Frepaso, hoy en el
gobierno)[6]
incluyeron consideraciones como las siguientes:
“Considerando
que el sistema nacional de seguridad interior e inteligencia se mostró
absolutamente incapaz, sea por omisión, negligencia, incompetencia y/o
complicidad, de dar cuenta de la estructura orgánica y del funcionamiento de
tales organizaciones terroristas (las que cometieron los atentados
aludidos);
“Que
la consumación del segundo atentado (cometido contra la sede de la AMIA) confirmó
la incapacidad del sistema nacional de seguridad interior e inteligencia para
prevenir y/o conjurar este tipo de hechos, y para seguir, investigar y conocer
el accionar del o de los grupos mafiosos y terroristas capacitados para
llevarlos a cabo”;
“Que la
manifiesta falta de colaboración por parte de los distintos organismos de
seguridad e inteligencia federales y provinciales que debieron coadyuvar al
desarrollo de la investigación judicial, debe ser entendida desde una doble
perspectiva que comprenda, tanto las falencias estructurales de los mismos,
como la evidente decisión de obstruir el esclarecimiento de los hechos o de
encubrir a determinadas personas y/o grupos sospechosos de haber participado de
alguna manera en el atentado y que están vinculados al Estado”;
“Observando
que el sistema nacional de seguridad e inteligencia interior se mostró
absolutamente incompetente para detectar, seguir y conjurar el accionar de lo
grupos delictivos y/o organizaciones terroristas que planificaron, prepararon y
llevaron a cabo los mencionados atentados”;
Una
evaluación adecuada de la situación actual del Sistema de Inteligencia
argentino no puede prescindir de la realidad representada por el desprestigio
motivado por las constantes denuncias por irregularidades de la más diversa
índole, que incluyen invasiones no autorizadas a la privacidad de los
ciudadanos, intentos de influir en la política interna del país realizando
operaciones encubiertas de diversa índole dentro de él, reclutamiento de
periodistas, intervención en procesos criminales para procurar objetivos
gubernamentales, realización de campañas políticas, suministro de dinero a
jueces, funcionarios públicos o figuras políticas, etc.
Esta afirmación no se basa en meras
apreciaciones personales. La prensa argentina ha reflejado persistentemente
esta situación[7].
2.
Un poco de esperanza: la asunción de nuevas autoridades en la Argentina.
La reciente asunción de nuevas
autoridades en la Argentina permite abrigar esperanzas de cambio.
En tal sentido, las decisiones
recientemente adoptadas por el nuevo Secretario de Inteligencia de Estado, el
empresario Fernando de Santibáñes, el día 7 de febrero de 1999, en cuanto a
cesantear a un número aproximado de 1000 agentes, equivalente a aproximadamente
un tercio del personal de la Secretaría, el principal organismo de inteligencia
argentino[8]
Esta medida, que sigue a la
inicialmente adoptada por el mismo funcionario en cuanto a dejar cesantes a
agentes del organismo que fueron objeto de fundados cuestionamientos por
violaciones a los derechos humanos, tiene, según ha sido afirmado, una
fundamentación presupuestaria y de reestructuración.
Con relación a la primera, merece
señalarse que frente al presupuesto ejecutado en 1999 del organismo, de aproximadamente $ 310.000.000 (equivalentes
a trescientos millones de dólares), el Congreso ha votado para el año 2000 sólo
$ 138.315.960. Tamaña reducción, ciertamente, no puede sino influir en la
dotación de personal, aunque merece señalarse que según los indicios que se poseen,
el personal que revistaba efectivamente el organismo (personal orgánico) no
constituía, con mucho, la razón fundamental de tales erogaciones.
Por otra parte, las declaraciones
formuladas por Santibáñez ponen de manifiesto el propósito de incrementar
significativamente las capacidades tecnológicas del organismo, evidentemente
descuidadas en los últimos años, pese a incrementos presupuestarios que sólo
pueden ser calificados como extraordinarios.[9]
Un comentario periodístico de la
medida[10] recuerda las declaraciones formuladas por el vicepresidente de la Nación,
licenciado Carlos Álvarez, ante el reconocimiento por parte de la SIDE de la
imposibilidad en que se encontraba de determinar el paradero del militar
retirado paraguayo Lino César Oviedo, que incumpliendo las condiciones de su
asilo político en la Argentina había desaparecido, efectuando declaraciones
políticas destinadas a su país desde lugares no precisados, presuntamente en el
territorio argentino:
La capacidad técnica de la SIDE
es muy pobre"...La SIDE se usó para espionaje doméstico, para operaciones
políticas y periodísticas, para
descalificar a sectores internos del partido oficial o sectores de la oposición
y evidentemente nunca se pensó qué
significaba hacer inteligencia
estratégica".
Por
nuestra parte, suscribiríamos plenamente esta opinión, como lo haría –al menos,
intelectualmente- la inmensa mayoría de las personas dedicadas en la Argentina
al análisis de la problemática de seguridad y defensa.
Pero también es cierto que existen
entre el personal de la SIDE personas competentes, preocupadas por capacitarse
constantemente y servir con lealtad a su país, y que indudablemente desean y
esperan poder cumplir acabadamente su labor en el marco representado por un
Sistema de Inteligencia moderno y eficiente.
Respecto de la aspiración enunciada
por Santibáñez de utilizar los ahorros presupuestarios derivados de las
cesantías para incrementar las capacidades tecnológicas del organismo, existen
datos de los presupuestos de los últimos años que parecerían justificarla.
En efecto; durante los últimos años,
no se presupuestó suma alguna para equipamiento, limitándose los
sucesivos presupuestos a efectuar reducidas previsiones para servicios no
personales –gastos de mantenimiento, fundamentalmente-.
Así, cabe señalar que en 1991, de $
70.232.400 correspondieron $ 67.042.500 a personal, $ 17.996.000 a servicios no
personales, y $ 31.899.000 a erogaciones de capital (equipamiento). Para 1992,
de $ 115.726.000, correspondieron $ 110.000.000 a gastos en personal, $
4.506.000 a servicios no personales, y $ 1.220.000 a bienes de capital. En
1993, tal relación fue, sobre $ 159.922.000, de $ 154.290.000 en gastos en
personal, $ 4.506.000 en servicios no personales, y $ 1.126.000 en bienes de uso
(equipamiento, conforme a las nuevas denominaciones de los rubros
presupuestarios, impuestas en el marco de
la reforma en materia de administración financiera establecida por la
Ley N° 24.156). En el presupuesto para 1994 desapareció el equipamiento; de los
$ 191.800.000 correspondientes a gastos reservados (que incluye la casi
totalidad del presupuesto del organismo), $ 186.732.788 corresponde a gastos de
personal, y $ 5.067.212 a “servicios no personales”. En 1996, $ 188.746.005
correspondió a gastos de personal y $ 2.245.794 a “servicios no personales”. El
presupuesto para 1997 no incluyó esta discriminación, permitiéndonos conocer
exclusivamente que nos encontramos en presencia de $ 175.000.000 en concepto de
“erogaciones corrientes”, es decir, sin ninguna erogación de capital. En
1998, se presupuestaron $ 188.021.000 en concepto de personal permanente, denominación
por cierto inexacta, dado que esa suma supera holgadamente lo percibido por el
personal del organismo, y $ 2.400.000 para servicios no personales. Para 1999,
se presupuestaron $ 188.200.000 para personal permanente, y $ 2.112.000
para servicios no personales. Para el año 2000, se han presupuestado $
133.250.000 para personal permanente, y $ 5.055.960 para servicios no
personales. [11]
No obstante, no resulta ser éste el
concepto predominante entre personal de inteligencia y otras personas
vinculadas con las cuestiones relativas a la defensa en la Argentina, para
quienes el organismo no carece de equipamiento ni de capacidades técnicas,
aunque la formación de buena parte de su personal parece bastante limitada.[12]
Tampoco es nuestra opinión, cabiendo
destacar que excepción hecha de la cifra total de gastos, las discriminaciones
presupuestarias resultan de valor relativo, teniendo en cuenta la discrecionalidad
y carencia de controles efectivos que han caracterizado hasta el momento el
gasto en inteligencia en la Argentina.
En cualquier caso, las medidas y
orientaciones expuestas resultan en general auspiciosas.
Cabe advertir así el hecho, que me
atrevo a calificar de sorprendente en la Argentina, que han transcurrido dos
meses de desempeño del nuevo gobierno sin que se conozcan denuncias por
escuchas telefónicas ilegales, antiguo vicio existente en la Argentina, ni por
otros abusos o actividades ilegales correspondientes al área de inteligencia.
Ello no hace sino ratificar la
presunción que siempre existió respecto de la estrecha vinculación entre las
actividades ilegales de inteligencia y la voluntad política imperante en el
país y en el área.
Las reiteradas declaraciones de
Santibáñes en el sentido que el organismo a su cargo se limita a realizar
escuchas telefónicas por orden judicial[13], que se encuentra realizando una auditoría para terminar con los agentes
inorgánicos[14] y que habrá de fiscalizar el gasto del organismo, que ha concluido la cadena
de la felicidad y que habrá de
realizar reformas tendientes a asemejar en algunos aspectos a la SIDE a
organismos de inteligencia de los países occidentales, resultan auspiciosas;
como lo es, en mayor grado, la carencia de denuncias a que hemos hecho mención.
Podría señalarse, no obstante, la
propensión materializada por el funcionario aludido a proponer como actividad
fundamental de la SIDE a la lucha contra delitos fiscales, como el contrabando
y la evasión fiscal[15].
Parece advertirse cierta confusión, no exenta de riesgos, entre un
organismo de inteligencia y un organismo de investigación fundamentalmente
policial, como es el caso de la Oficina Federal de Investigación (F.B.I.)
estadounidense.
Los organismos de inteligencia
se caracterizan por el secreto que rodea identidades, fuentes y métodos. Dicho
secreto y la imposibilidad de control por parte del imputado de las pruebas
conseguidas a través de tales organismos –amén de la carencia de conocimientos
y formación legal y de hábito de colaboración con la Justicia, que caracteriza
al personal de inteligencia, no formado para tareas policiales- a lo que se
suman las dificultades derivadas de la posible citación por parte del Tribunal
como testigos o peritos del personal de inteligencia eventualmente
interviniente en investigaciones policiales,
determina que tales organismos no sean idóneos para tareas de
investigación policial y judicial, ni deban efectuar tales tareas. Ello, por lo
demás, está expresamente establecido en la Ley Orgánica de la Secretaría de
Inteligencia de Estado.
En realidad, pareciera no
advertirse en este aspecto la imposibilidad de realizar una analogía entre la
Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos de América, que sí tiene
carácter de organismo de investigación policial –cabe señalar que los Estados
Unidos no tienen un organismo de inteligencia interior y contrainteligencia al
estilo europeo- y la SIDE, que constituye un organismo de inteligencia en
sentido estricto y que por esa razón, no puede realziar tareas policiales.
Otro aspecto de sumo interés del panorama actual está
constituido por la significativa reducción dispuesta en el personal civil de
inteligencia perteneciente al Ejército Argentino, por el Ministro de Defensa,
Ricardo López Murphy, y por el Jefe del Estado Mayor General de dicha Fuerza,
teniente general Ricardo Brinzoni.
En efecto; según la detallada
información brindada por diversos medios de difusión masiva [16] se dispuso la cesantía de 500 agentes civiles de inteligencia,
anunciándose inclusive que se procedería a la venta del mítico edificio situado
en Callao y Viamonte, otrora sede del Ministerio de Guerra, y que albergara al
“Batallón 601 de Inteligencia”, elemento fundamental de reunión de información
y realización de operaciones de inteligencia del Servicio de Inteligencia del
Ejército, y donde se adoptaran decisiones fundamentales de la política
argentina por muchos años. En dicho edificio funcionaba actualmente el Centro de
Reunión de Inteligencia Militar, que operaba como órgano centralizador de la
obtención de información del antedicho servicio de inteligencia.
Como aspectos complementarios no
carentes de interés, cabe señalar la adopción de decisiones por parte del
teniente general Brinzoni en el sentido de concluir con la realización de todo
tipo de tareas de inteligencia interior –que en la práctica, continuaba
realizando el organismo de inteligencia del Ejército, pese a la prohibición
derivada del artículo 15 de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional y de los
artículos 10, 27 y 32 de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior-.
Pese a las negativas oficiales,
existía consenso en los analistas del tema respecto de la realización de tales
tareas, que fueron objeto de denuncias periodísticas[17], y que fueron ahora explicitadas públicamente.
Refiere al respecto el columnista especializado Daniel Santoro:
“...El despido de 500 espías
civiles llamados personal civil de inteligencia (PCI) en la jerga militar es la
purga más grande del servicio de inteligencia del Ejército desde la
restauración de la democracia, en 1983.
Algunos de estos agentes de
inteligencia civiles –aunque no se reconozca oficialmente- trabajarían en
reparticiones públicas, sindicatos, partidos, universidades y medios de comunicación y además cobran un
sueldo en la fuerza bajo un código secreto a cambio de información. Se trata
del 48 por ciento del personal del total de inteligencia del Ejército, que es una
de las armas en que está dividida la fuerza...”[18]
Entre otros aspectos postivos de los
anuncios extraoficiales, a través del periodismo, de la medida antedicha,
debemos contar la existencia de un plan de Brinzoni que supone desprenderse del
personal civil de inteligencia (PCI) de que dispone la Fuerza y que está hoy
afectado a funciones no específicamente militares, excepción hecha de un
reducido número que permanecerá dedicado a tareas de custodia o a funciones
exclusivamente administrativas.
Se debe señalar que ya con
anterioridad las penurias presupuestarias habían impuesto serias limitaciones a
la existente actividad de inteligencia interna, al punto de imponer la
afectación de personal civil de inteligencia de baja graduación a tareas de
ascensoristas u otras funciones administrativas similares.
El aludido plan de Brinzoni, a
ser ejecutado a través del actual Jefe II (Inteligencia)del Ejército Argentino,
general Mario Castagneto, supone que una vez realizado, el Ejército se dedicará
en exclusividad a la inteligencia táctica o de combate, estableciéndose como
elemento central del nuevo sistema una central a instalarse en Campo de Mayo,
comprendiendo también la reestructuración los elementos situados en el interior
del país, algunos de los cuales serán eliminados o fusionados con otros.
A la nueva central de inteligencia
táctica se sumarán los aviones de reconocimiento táctico y exploración Grumman
OV-1D Mohawk donados por el gobierno de los Estados Unidos durante la
administración Menem, algunos de los cuales cuentan con radares, sensores y
cámaras de alta definición.
A este panorama se añade la
perspectiva que la inteligencia estratégica militar quede asignada a un
organismo de inteligencia militar conjunto, el que dependería del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Cabe mencionar que la Ley N° 23.554
de Defensa Nacional, que prevé en su artículo 15 la constitución de tal
organismo –hasta el momento no materializada- prevé, no obstante, el
establecimiento de su dependencia directa e inmediata respecto del Ministro de
Defensa; solución ésta que considero conceptual y prácticamente preferible,
además de ser la establecida por la ley.[19] Se propone, asimismo establecer la autoridad del Estado Mayor Conjunto
respecto de los organismos de inteligencia de las fuerzas, solución que por mi
parte conceptúo opinable.
El propósito de volcar el esfuerzo
de inteligencia del Ejército a la inteligencia táctica o de combate y de
asignar la inteligencia estratégica militar a un organismo de inteligencia
conjunto aparece como excelente, más allá de los matices señalados.
No obstante cabe citar en contrario
informaciones brindadas por el matutino “Página 12” citando informes brindados
por el Ministerio de Defensa, donde dan cuenta de la fusión de las escuelas de
inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea que funcionarían bajo su
supervisión; anunciándose que tal medida constituirá el primer paso para la
integración de todas las áreas de inteligencia militar, con miras a constituir
un único organismo.[20]
La unificación de las escuelas de
inteligencia de las Fuerzas Armadas constituye a nuestro juicio una medida
intrínsecamente excelente, que hemos largamente propugnado por el suscripto a
través de la redacción de sucesivos proyectos de Ley de Inteligencia.
Se señaló en dicha oportunidad el
propósito de poner en marcha el plan a partir de marzo, coincidiendo con el
comienzo del ciclo lectivo en la mayoría de los institutos militares de
formación y perfeccionamiento.
Sorprendentemente se señala, citando
fuentes del Ministerio, que las tareas de los organismos de inteligencia
militares estarían limitadas a la inteligencia estratégica y exterior,
vinculadas principalmente con la prevención de los delitos de terrorismo,
contrabando y narcotráfico.
Estas manifestaciones contrastan vivamente con las precedentemente
aludidas manifestaciones de Brinzoni, que correctamente vinculaban la función
de los organismos de inteligencia militares a las funciones específicamente
militares, que, en definitiva, no son otras, en materia de inteligencia
estratégica militar, que la producción de inteligencia relativa a las
capacidades, vulnerabilidades y probables cursos de acción en materia militar,
de los países extranjeros de interés para la defensa, y en el nivel táctio
indicado por Brinzoni, a la obtención de información y elaboración de
inteligencia correspondiente al campo de batalla.
Las funciones que presuntamente
serían atribuidas a la inteligencia militar tornarían inútil y contraproducente
la racionalización del personal civil de inteligencia que correctamente
planearía el referido jefe militar.
La única explicación verosímil y a
la vez adecuada sería que las Fuerzas Armadas apoyarían las operaciones de
seguridad interior –incluyendo la lucha contra el contrabando, narcotráfico y
terrorismo- con el empleo de sus elementos de reconocimiento y detección
aéreos, navales y terrestres, en este último caso radares, sensores
electrónicos, receptores de radio de gran potencia, etc.. Ello sería a la vez
inobjetable y positivo.
Aunque cabe aguardar mayores
precisiones en todos los rubros, cabe concluir que el balance de estos dos
meses, pródigos en decisiones y declaraciones sobre el tema, es positivo. Cabrá
aguardar, pues, que sean rectificados sobre la marcha los errores que pudieran
irse produciendo.
II. La historia.
1.
Nacimiento, evolución
normativa y estructura del Sistema de Inteligencia argentino.
Resulta de sumo interés a
nuestro juicio realizar aquí una breve historia, fundamentalmente legislativa,
de la inteligencia argentina, para comprender las raíces de algunas de las
dificultades que se vienen experimentando.
El primer antecedente
argentino en materia de inteligencia civil fue la creación de la Coordinación de Informaciones
de la Presidencia de la Nación, por Decreto 337/1946 [21] por el Presidente Juan Domingo Perón.
Anteriormente existían los
organismos de informaciones de cada una de las Fuerzas Armadas, dedicados
fundamentalmente a la inteligencia militar específica en el nivel estratégico
militar y también con inteligencia política externa e interna.
La novedad que introdujo
este decreto fue la coordinación en el ámbito de la Presidencia de la Nación de
la actividad de inteligencia, en el mentado organismo.
Con posterioridad, el decreto N° 337 del 13 de junio de 1948 se refirió también a la “Coordinación
de Informaciones de la Presidencia de la Nación”, con fundamento en “...la
importancia que reviste la función informativa en la conducción de los asuntos
del Estado...” y “...que esa función debe realizarse sobre la base de un
conocimiento integral y preciso de las actividades que desarrollan los diversos
organismos que componen el Estado...”
Se destacó también en la
motivación del decreto en cuestión, que “...para aprovechar racionalmente
todo el material informativo, es menester proceder con criterio uniforme a
centralizarlo y coordinarlo, previamente...”; como también, la inexistencia
de “...ningún organismo estatal con la misión de realizar esa tarea...”
El decreto 11.183 del 5
de julio de 1954 menciona entre los organismos que asisten directamente al
Presidente de la Nación y que dependen de él, a la “...Coordinación de
Informaciones de Estado...” (artículo 1°).
La misión de dicho
organismo era a la sazón la de “...Suministrar al Poder ejecutivo nacional y
demás organismos del Estado las informaciones que se consideren útiles o les
sean requeridas, centralizando y coordinando las que se originen en los
servicios especializados y en los organismos gubernamentales...”
La base legal estaba
constituida por la Ley N° 13.324 de Organización de la Nación para Tiempo de
Guerra.
Las concepciones
doctrinarias entonces vigentes, consideraban como ramas de la información
política (interna y externa), información económica, información social,
información científica, información militar, información biográfica e
información topográfica.
En materia de
información política interna, se preveía que comprendía el gobierno nacional y
todas sus dependencias, los gobiernos locales y sus relaciones, los derechos
políticos y civiles y su ejercicio, los órganos de seguridad interior, los
partidos políticos, las asociaciones o agrupaciones ideológicas, la opinión
pública, el sistema electoral, y los movimientos subversivos, sus causas y
aspiraciones.
En lo relativo a la
información militar, se expresaba que se ocupaba de las fuerzas armadas de
otros países. La misión de los organismos de inteligencia de las Fuerzas
Armadas estaba circunscripta hacia aspectos estratégico-militares de países
extranjeros y hacia la organización y actividades de sus fuerzas armadas, así
como a los aspectos fundamentales del potencial militar de los probables
adversarios.
En cuanto a la seguridad
interior, se asignaba competencia en la materia a los órganos específicos del
área, es decir, a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad nucleadas
a la época en el Consejo Federal de Seguridad, afirmándose a ese respecto que
la seguridad interna se encontraba a cargo del Ministerio del Interior y del
aludido Consejo, y que las instituciones policiales coordinadas por dicho
Consejo eran los órganos exclusivos de prevención y represión de los delitos.
No se incluía dentro de la competencia de las Fuerzas Armadas a actividades
internas que no las afectaran “prima facie” tales como movimientos clandestinos
ideológicos, contrabando, etc.
No obstante, cabe
señalar que no distinguía en materia de operaciones de inteligencia –acción
psicológica, propaganda y contrapropaganda, etc. entre los ámbitos externo e
interno. Toda la información de todo origen confluía a la “Coordinación de
Informaciones de Estado” (CIDE) quien contaba, como fuentes de información,
tanto a los Ministerios y órganos estatales en general, como a los restantes
organismos de inteligencia, cuya acción coordinaba.
Esta digresión permite analizar las características generales de la
información e inteligencia a dicha época: amplia competencia interna,
virtualmente ilimitada, y plenas posibilidades de actuación en materia de
inteligencia no sólo fuera, sino dentro del país. No obstante, existía una
clara distinción entre defensa nacional y seguridad interior, aunque ello no se
tradujera en limitaciones efectivas en este último ámbito. Las fuerzas armadas
en materia de inteligencia se encontraban claramente circunscriptas a sus
funciones específicas; no así, ciertamente, los organismos de inteligencia
civiles.
Reviste interés
ciertamente a los efectos de nuestro análisis lo dispuesto por el Decreto N°
776 del 20 de enero de 1956, dictado a pocos meses de producida la denominada “Revolución Libertadora”,
que derrocó al gobierno civil encabezado por Juan Domingo Perón.
De sumo interés es también la
motivación de este decreto.
Se expresa en el mismo
que “...la conducción gubernamental exige un servicio de informaciones de
Estado orientado dentro de los...principios democráticos...”; que “...la
experiencia propia y la de aquellos países bien organizados [22]evidencian sin lugar a duda la necesidad de coordinar y explotar las
diversas informaciones de Estado, en su expresión superior y amplia...”; que “...para centralizar y valorar tales informaciones en la mejor
forma y al servicio del Estado, es conveniente contar con un único organismo
técnico responsable...”; que “...actualmente existen numerosos
organismos de informaciones en la Administración Nacional que desvirtúan el
principio enunciado anteriormente...”; que “...las Fuerzas Armadas, para
el cumplimiento de su misión específica necesitan contar con sus propios
órganos de informaciones...”
Probablemente el aspecto central de lo expresado, es la existencia previa
de “numerosos organismos de informaciones en la Administración Nacional”, y
que la actividad de estos organismos, además, no estaría, “a contrario”,
orientada dentro de los “principios democráticos”.
En un sentido similar,
el artículo 5° del decreto dispuso que “Cesan en sus funciones todos
aquellos organismos secretos de informaciones políticas y/o personales que
desarrollaban sus actividades en las reparticiones del Estado.”[23]
Por otra parte, el artículo 1° del decreto en cuestión estableció que “La
Secretaría de Informaciones de Estado tendrá como misión proporcionar al
Gobierno nacional las informaciones necesarias para la mejor conducción de los
asuntos del Estado.”
“Para el cumplimiento de
su misión la Secretaría de Informaciones del Estado orientará, centralizará y
coordinará la actividad informativa integral, procediendo a recibir,
clasificar, seleccionar, analizar y distribuir entre los organismos competentes
todas aquellas informaciones que produzcan los diversos Servicios de
Informaciones de las Fuerzas Armadas, los ministerios civiles, las
gobernaciones de Provincia y aquellas que obtenga por medios propios”.
“Las necesidades de
informaciones del Excmo. señor Presidente, Vicepresidente y Ministros del Poder
Ejecutivo Nacional, con excepción de los de las Fuerzas Armadas, que impliquen
el empleo de medios secretos para su obtención, serán satisfechas directa y
exclusivamente por la Secretaría de Informaciones del Estado...”
En el mismo sentido, el artículo 3° dispuso que “la Secretaría de Informaciones
de Estado tendrá dependencia directa del Excmo. señor Presidente de la Nación.
El Secretario de Informaciones de Estado realizará la coordinación técnica de
los Servicios de Informaciones, sin que ello importe modificar la dependencia y
estructura de los mismos...”
También el artículo 4°
facultó a la Secretaría a “...solicitar de los organismos nacionales,
provinciales y municipales, aquellas informaciones necesarias para el
cumplimiento de su misión...”